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Las calles de Brasil respiran la inconformidad, la incredulidad y el apoyo que tiene la población con el gobierno de Dilma Rousseff, quien pese a la crisis política y económica actual, se mantiene en su postura de no renunciar a la presidencia de Brasil y así esperar a que el legislativo dé los pasos que hacen falta para completar el juicio que cursa y nombrar a su sucesor.
 
La popularidad inicial de la mandataria quedó atrás, e incluso, en el comienzo de este año la encuestadora Datafolha anunció que rozaba mínimos históricos al rondar 10%.
 
Esta situación, alimentada por el escándalo de corrupción de Petrobras, que ha sido el marco para que sectores políticos choquen por motivos como, por ejemplo, la designación como super ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, recrudece aun más la tormenta política del país.
 
En medio de esta vorágine de acontecimientos, el proceso de "impeachment" de Rousseff por la supuesta manipulación de cuentas para poder aumentar el gasto público en el período previo a su reelección, se ha convertido en toda una prueba de supervivencia para la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT).
 
"La economía brasileña necesita que el proceso de destitución de Rousseff siga adelante. Los inversionistas esperan que la justicia actúe de manera transparente" , indicó Julio César Botero, experto en asuntos internacionales del Politécnico Grancolombiano.
 
En la actualidad, el juicio político que afronta Rousseff depende en último término del Parlamento de Brasil que podría sacar del poder en menos de un mes a la mandataria si no consigue los aliados necesarios.
 
"Nosotros en Brasil ya tuvimos golpes militares (...) Un ‘impeachment’ sin base legal es un golpe. Rompe el orden democrático. Por eso es peligroso", dijo Rousseff al diario español El País.
 
El pasado 2 diciembre, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha del Partido do Movimiento Democrático de Brasil (Pmdb), formación que era aliada a la actual presidenta, dio el primer paso para alejarla del poder al aceptar una petición de destitución por varios diputados.
 
La Cámara baja del Congreso de Brasil creó el 17 de marzo una comisión especial para analizar el caso mediante la aprobación de 65 miembros.
 
Aquí, la mandataria tendrá un plazo de 10 días para presentar su defensa. Y en el caso de que la comisión acate el proceso de destitución (al menos 342 de los 513 diputados), la propuesta pasará al Senado que tiene de 180 días para juzgarla. En este periodo, quedaría apartada del poder y si el Senado revoca su mandato (54 de 81 votos totales) el vicepresidente, Michel Temer, quedaría al cargo del Ejecutivo hasta el fin del período presidencial, en 2018.
 
Según los analistas, el futuro de Rousseff depende de la correlación de fuerzas políticas del país.