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Por Dardo Chiesa.- El punto de peso en este conflicto es que el sistema privado de fiscalización, penalización y cobro en puertos y acopios que se impone a través de esta "cláusula", y el que también es implementado por la cadena agrícola bajo el nombre de "Bolsatech", viola los usos y costumbres en la comercialización de soja, y asigna a la empresa como fiscalizador en el uso de semillas y ventas de granos, tomando claramente una atribución que sólo le corresponde al Estado.
 
De esta manera sin sustento desde lo legal, Monsanto va ciego atrás del cobro de un canon por la tecnología "Intacta" supuestamente patentada, sin reconocer la ley vigente de semillas y creaciones fitogenéticas Nº 20.247 y menos aún el rol del Estado como aplicador de dicha ley. En esta maroma de confusiones Monsanto enreda las situaciones y busca enmarcar este conflicto dentro de la ley de Patentes, cuando esta expone que no se pueden patentar seres vivos, plantas y semillas. Por lo tanto, y mal que le pese a la empresa, el marco normativo que tiene incumbencia en estos temas es la ley de semillas.
 
En este trajinar se ha llegado a la cosecha y lo más despejado hasta aquí es que la empresa estadounidense va más allá de las semillas, al montar un sistema de fiscalización paralelo al Estado que distorsiona la transparencia en la comercialización del mercado de soja, y juega a interponerse como un tercero en el negocio entre dos partes: uno que vende granos y otro que lo compra.
 
En términos generales Monsanto no tiene derechos sobre la semilla de uso propio y bajo ningún aspecto sobre los granos producidos en la Argentina. Por eso insistimos en la falta de derechos sobre el poroto de soja, así como en la ilegalidad del cobro compulsivo bajo la cláusula de "biotecnología" y el sistema Bolsatech como un procedimiento paraestatal. La tecnología en la producción agropecuaria se paga con la compra de fertilizantes, de semillas o fitosanitarios y para los que hacen un uso indebido de la misma está la ley y la Justicia, no una empresa privada con intereses directamente involucrados y una vocación de policía paraestatal.
 
En este escenario lo primero que debe conocer el productor es que en esta cosecha puede directamente sufrir en forma indebida retenciones de dinero por parte de exportadores de soja o notas de débito de parte de Monsanto, por lo que deben estar en alerta y revisar sus liquidaciones de venta de granos ya que pueden existir abusos.
 
Desde CRA, en defensa del productor y con el fin de protegerlo, estamos trabajando en herramientas legales, como cartas documento, para que puedan hacer frente a estas irregularidades y resguarden sus derechos. Este instrumento será difundido a través de nuestras entidades de base.
 
El agujero negro heredado de la gestión kirchnerista, que desatendió con desidia el conflicto, debe ahora ser corregido por esta nueva gestión, mucho más volcada a resolver los verdaderos problemas del sector agropecuario, y tomar su rol en la disputa para ponerse los pantalones largos. El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), es el que sin más vueltas debe frenar la estocada de la empresa estadounidense y ponerse en la cima de problema para, por un lado, controlar y sancionar el uso ilegal de las semillas y, por el otro, velar por el cumplimiento de la ley actual.
 
No hay opciones, un Inase renovado, con fuerza e ideas debe ponerse en funciones y dar una vuelta de página a esta triste historia que no hace más que poner trabas al crecimiento productivo de la Argentina.