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La implementación de la Resolución 140/2016, que frena el sistema de pago por la tecnología Intacta, está yendo más allá de los intereses de la propia compañía Monsanto.
 
"Hay que entender que existe un andamiaje de contratos en la industria semillera sobre el cual se ha volcado una extrema cuota de incertidumbre con esta medida", refiere Alfredo Paseyro, titular de la Asociación de Semilleros Argentinos.
 
Es que más allá del pago de la tecnología por parte del productor, hay una relación comercial entre el proveedor de la biotecnología y el semillero obtentor del germoplasma, donde se monta la primera. El abrupto cambio de las reglas de juego decidido por el ministro Ricardo Buryaile altera esa relación.
 
"Nosotros decimos que queremos el pago unificado de la propiedad intelectual por el germoplasma y por los eventos en la semilla, pero hasta tanto eso no se logre avalamos los contratos que satisfacen ese reconocimiento", agrega Paseyro. Hay que señalar que apenas el 15% de la soja utilizada en la siembra proviene del sistema fiscalizado.
 
El directivo manifestó que han solicitado con carácter de urgente una reunión con el titular de la cartera de Agroindustria, cosa que hasta ahora no ha tenido una respuesta satisfactoria. "Nos preocupan las consecuencias de esta situación, por ejemplo: qué va a pasar con el trigo, que es un tema del que no se está hablando", agrega.
 
Por lo pronto trascendió que  el ministro Buryaile se reunió con directivos de la compañía Monsanto, lo que originó un comunicado oficial de la compañía destacando los puntos en común.
 
Pero más allá de las declaraciones formales, fuentes en el sector apuntan al divorcio que hay entre los dichos y los hechos desde la conducción de Agroindustria. "Se habla de la reforma de la ley de semillas y de que la tecnología debe ser reconocida, pero no sabemos cómo lo van a hacer", apuntan.