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Mínimo de 10 años para la participación del Estado en la renta agrícola

A pesar de la importante caída de la participación del Estado en la renta agrícola, los impuestos nacionales significaban el año pasado $3230 por hectárea, mientras que este año significan $5375, un 66,4% de pesos más que van al Estado. Ese aporte fiscal podría ser aún mayor debido a que parte de los derechos de exportación, en el maíz por ejemplo, en realidad iban a otras partes de la cadena, mientras que ahora van al Estado principalmente vía Ganancias.
¿QUÉ ES EL ÍNDICE FADA?
Que el Estado participe del 65,8% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos (provinciales y nacionales, incluidos los derechos de exportación a la soja) representan $65,80 de cada $100 que genera de renta una hectárea promedio en Argentina.
La renta es lo que vale la producción menos los costos, en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales.
La producción y costos de la hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderando los por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional. Así, se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción después de impuestos, la renta de la tierra y la participación del Estado.
Adjuntamos informe FADA.
La junta de Gobierno de la Federación de Acopiadores de Cereales eligió nuevamente a Fernando Rivara como presidente de la entidad, en representación del Centro de Acopiadores de la provincia de Buenos Aires.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
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