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En apenas cuatro días, los fondos comunes perdieron $4.290 millones

En sólo cuatro días de vigencia de la normativa, las compañías que tienen inversiones en bonos (renta fija en pesos y dólares) ya perdieron $ 4.290 millones.
El patrimonio se desplomó de los $ 109.600 millones a los $ 105.300 millones a pesar de los esfuerzos de los empresarios por convencer al Gobierno de suspender o postergar la iniciativa. La baja estuvo explicada, por un lado, por los rescates de clientes y las ventas de títulos que debieron hacer las compañías para atenuar el impacto de la normativa; y por otro lado, por el cambio de la cotización que debieron aplicar: aquellos que hace 10 días registraban sus bonos a un tipo de cambio de $ 14 debieron computarlo, desde el viernes, a $ 9,40.
En rigor, sucedió que los ahorristas sufrieron en esta semana una pérdida sensible en el valor de las cuotapartes que tienen en su poder. Es decir, en la porción que les pertenece de la inversión del fondo. La cantidad de cuotapartes se redujo en 1.259 millones durante esta semana, según informa Ambito.
Los ahorristas son ahora los verdaderos afectados por la normativa. Después de todo, las compañías sólo sufrirán un impacto contable, que podrá revertirse en el futuro (cuando se libere el mercado cambiario y se unifiquen los tipos de cambio), o en el preciso momento en el que decidan vender su bono al precio que efectivamente paga el mercado (el del contado con liquidación, muy superior al oficial).
La junta de Gobierno de la Federación de Acopiadores de Cereales eligió nuevamente a Fernando Rivara como presidente de la entidad, en representación del Centro de Acopiadores de la provincia de Buenos Aires.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
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