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Las aseguradoras de riesgos de trabajo están en crisis. Y es que la industria del juicio, que hasta 2012 azotaba a las empresas empleadoras, se volcó ahora hacia las compañías aseguradoras. Sólo en la Capital Federal, la jurisdicción de mayor conflictividad laboral, 38 de cada 100 accidentes de trabajo están terminando en juicio y, en lo que va del año, la litigiosidad aumentó 34 por ciento.
 
 
Así se desprende de un informe elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), que puso en marcha una campaña para concientizar a empleadores, miembros del Poder Judicial y trabajadores sobre la problemática del sector.
 
En 2012 se promulgó la ley 26.773, que buscó eliminar lo que por entonces se denominaba la "doble vía", que habilitaba a los trabajadores que hubieran sufrido un siniestro a tomar la indemnización de la ART y, a su vez, accionar judicialmente por la vía civil en contra de la empresa empleadora.
 
Desde entonces, los juicios contra las empresas se redujeron, pero no así los registrados contra las aseguradoras. En 2015, de acuerdo con las proyecciones de la industria, crecería 25,4 por ciento el número de juicios ingresados, a unos 111.151, contra 88.567 de 2014. La cifra, sin embargo, prácticamente duplica la cantidad registrada en 2012, antes de que se promulgara de las ART.
 
Ese año ingresaron 64.093 juicios. "Desde la ley el sistema aplicó cantidad de mejoras, y sin embargo la litigiosidad sólo siguió aumentando", explican desde la UART. Según las cifras de la industria, hoy hay más de 9,7 millones de trabajadores cubiertos por el sistema de ART, el doble que en 2002. Mientras que 1,4 millones de empresas contratan el servicio, contra apenas 422.755 de 2002.
 
La ley en 2012 fijó asimismo una actualización semestral de los montos indemnizatorios, según el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), y estableció un plazo de 15 días para cobrar las indemnizaciones, entre muchos otros cambios. Así, a partir de la aplicación del nuevo índice Ripte, el valor de las indemnizaciones y de las prestaciones en efectivo se incrementó en 368 por ciento.
 
Pero en la industria advierten que la creciente litigiosidad podría poner en riesgo la calidad de las coberturas y la solvencia de todo el sistema. "Una condición necesaria es mantener la calidad de cobertura y la solvencia del sistema, y eso requiere la recomposición de las tarifas", explica a LA NACIÓN una fuente del sector.
 
"Y la solución de fondo es que la Justicia avale en sus fallos la reforma que introdujo la ley 26.773 de octubre de 2012, en términos de aplicación del Baremo de Incapacidades, el listado de enfermedades, el Ripte como parámetro de actualización de las sumas fijas y piso, y la no retroactividad", detalla.