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Por Eleonora Gosman.- “País desgobernado”. “Vergüenza de este Estado. Ahora es por Brasil”. “Intervención ya”. Es lo que este martes se leía en carteles colgados en los paneles frontales de algunos camiones, cuyos dueños o empleados adhirieron a la huelga general lanzada el lunes. Se inició así una nueva semana de conflictos, con una paralización del transporte de cargas en al menos una decena de estados provinciales, entre ellos San Pablo, Río Grande del Sur y Minas Gerais. La mayoría de los huelguistas adhirió por reivindicaciones como el costo del combustible y los altos impuestos, pero éstas quedaron diluidas en las declaraciones de los convocantes, un improvisado Comando Nacional del Transporte, que busca convertir las demandas en exclusivamente políticas, como declaró el líder del movimiento, Ivar Luiz Schmidt: “No buscamos negociar con el gobierno. Queremos la renuncia de Dilma Rousseff”.
 
Para el dirigente, “el clima en que se encuentra el país, con la inflación alta y aumentos de combustibles, no creemos que sea capaz de conducir al país afuera del abismo en el que se encuentra”. El bloqueo de rutas ya provocó graves problemas de tránsito y se teme por la falta de combustible y alimentos.
 
Ayer, la presidenta Rousseff autorizó medidas de castigo contra los huelguistas que provoquen la interdicción de rutas. Aplicarán multas que pueden superar los 1.000 dólares diarios si las pistas quedaran trabadas por los camioneros. El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo autorizó, inclusive, el uso de la fuerza para desarmar los piquetes. Mientras el lunes habían detectados movimientos de fuerza en 9 estados brasileños, la medida el martes se había ampliado a otros dos, de acuerdo a informes de la policía federal caminera.
 
Según indicaron en la Confederación General del Transporte, que se opone a la huelga, “la paralización comenzó a perder fuerza”. La presidenta declaró ayer que “manifestar en Brasil no es delito hace mucho tiempo. Pero complicar la economía popular y paralizar el abastecimiento de una ciudad es un delito”. Con todo, cuando los periodistas le preguntaron si iría a accionar a la policía federal, Dilma respondió que no era preciso, ya que el organismo de seguridad “sabe bien lo que debe hacer”.
 
Lo cierto es que comenzaron a registrarse problemas de abastecimiento de naftas, como indicó el sindicato del comercio minoristas del sector (Sincopetro). Ya estaban en alerta por la huelga de los petroleros, iniciada dos semanas atrás, también por motivos políticos aunque muy diferentes: la Federación Unica de Petroleros inició paros en las plataformas de explotación del crudo off shore para defender a Petrobras de lo que consideran un proceso de privatización en marcha. Los representantes de las estaciones de servicio dijeron que “hubo un aumento de 10% en la demanda de combustible desde que se iniciaron los bloqueos. Y algunos puestos ya están con dificultades para reponer los stocks”.
 
Para el dirigente del Movimiento Unión Brasil Camionero (MUBC) Nelio Botelho, la fuerza de la paralización superó todas la expectativas. Sin embargo, este sector sindical afirmó que no irá a participar de “manifestaciones políticas” como las propiciadas por este Comando, que comparte la sigla con el gremio tradional: CNT. Ayer, la Confederación Nacional del Transporte repudió explícitamente a los líderes de ese grupo: “Consideramos inmoral y repudiamos cualquier movilización que utilice la buena fe de los camioneros autónomos para promover el caos en el país y presionar al gobierno en pro de intereses políticos o particulares que nada tienen que ver con los problemas de la categoría”.
 
Según el sindicato, “no endosamos la falta del respeto al derecho colectivo, que promueve el desabastecimiento e impide la libre circulación”. Algunos choferes y dueños declararon a la prensa que adhirieron a los bloqueos para “decir basta a la corrupción, que está derribando a las empresas”. Otros en cambio, que son empleados, debieron sumarse por decisión del patrón.