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Por Cristian Mira.- Esa promesa nunca se cumplió. Por el contrario, el kirchnerismo no sólo no las bajó (en ese momento regía un 20% para los cereales y 23,5% para la soja), sino que se hizo adicto a su suba. Sólo se frenó en 2008, cuando quiso imponer un sistema de las retenciones móviles y se enfrentó con la resistencia de los chacareros, que se habían dado cuenta de que la 125 le permitía al Estado quedarse con su renta.
 
Tan aferrado estaba a las retenciones el Gobierno que en el último año se negó a bajarlas para mitigar la crisis de las economías regionales, pese a que el impacto fiscal era prácticamente nulo (apenas 140 millones de dólares).
 
Hace unos meses, en la campaña presidencial de 2015, Mauricio Macri incluyó en la plataforma de Cambiemos los 13 puntos de propuesta de política agropecuaria elaborados por técnicos y productores agrupados en la Fundación Pensar. En marzo pasado, el hoy presidente de la Nación había dicho que si ganaba las elecciones iba a eliminar las retenciones al trigo, al maíz, a la carne y a las economías regionales. Y la soja tendría una baja gradual de cinco puntos porcentuales por año.
 
Aquellos técnicos y productores de la Fundación Pensar y de Gapu Agro (asesores legislativos del radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y Unión Por Todos) hoy integran el gabinete del Ministerio de Agroindustria y debieron convencer, con números en la mano, al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, de que la merma de ingresos fiscales por la supresión de retenciones va a ser compensada por la mayor actividad económica en las cadenas del trigo, el maíz, la carne y las economías regionales.
 
Daniel Scioli había hecho una promesa similar a la de Macri, pero nunca la dejó por escrito y sólo en los días previos al ballottage se esmeró por aclarar que él también impulsaba la reducción de las retenciones.
 
El cumplimiento de la promesa de campaña significa para los productores el principio del fin del mayores riesgo que debieron enfrentar en los últimos diez años: el político.
 
Tanto los pequeños como los grandes productores están acostumbrados a enfrentar dos riesgos: el climático y el de mercado. Ambos son propios de la actividad. Una sequía o una inundación pueden arruinar los planes de siembra. Y una decisión de los fondos especuladores de Chicago puede alterar las cotizaciones del cultivo al que apostaron su inversión. Para ambas situaciones tienen herramientas para mitigar los eventuales daños.
 
Sin embargo, desde que la administración Kirchner comenzó a adoptar medidas contra el campo, tuvieron en claro que el riesgo mayor venía de la Casa Rosada o de una simple orden no escrita de la Secretaría de Comercio Interior, manejada por Guillermo Moreno.
 
El punto de quiebre ocurrió en marzo de 2006. Cuando la Argentina estaba en el tercer lugar del ranking de mayores países exportadores de carne vacuna, Néstor Kirchner ordenó abrir contenedores con carne en los puertos porque no logró firmar un acuerdo de precios con los empresarios del sector. Ésa y otras decisiones hicieron descender a la Argentina al puesto número 13 en el ranking de exportadores. En 2014 la Argentina estaba un escalón más abajo que Bielorrusia, país poco conocido por la calidad de sus bifes.
 
Un caso similar al de la carne se presentó con el trigo. Moreno, también en 2006, les dijo a exportadores y molinos harineros cuál debía ser el precio que les tenían que pagar a los productores por el trigo. Así destruyó el mercado y poco tiempo después la Argentina tuvo la superficie sembrada con trigo más baja del siglo.
 
Ahora, la mayoría de los productores comienzan a entusiasmarse, porque ven un horizonte de mediano plazo. Aún enfrentan dificultades, como la suba de costos -particularmente en el NOA- y un escenario de precios internacionales se invirtió respecto de la bonanza de la que gozó la administración kirchnerista. Sin embargo, tienen la esperanza de que a partir del restablecimiento de la confianza podrán dedicar la mayor parte de su tiempo a lo que mejor saben hacer: producir.