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La Corte Suprema de Brasil habilitó el juicio político contra Dilma Rousseff
Con 9 votos contra 2, los jueces del máximo tribunal permitieron a la Cámara de Diputados proseguir con el trámite del juicio político a la mandataria. El Senado, con mayoría oficialista, seguirá teniendo la última palabra.
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Iprofesional
El juicio de destitución de la presidente brasileña Dilma Rousseff podrá proseguir, aunque el Senado, más favorable a la mandataria que la Cámara de Diputados, tendrá la última palabra, confirmó este miércoles la Corte Suprema.
Por 9 votos contra 2, los jueces de la Corte Suprema rechazaron los recursos presentados por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que cuestionaban las reglas establecidas en diciembre y acabaron trabando el proceso.
El máximo tribunal del país estipuló a fines del año pasado que el Senado –donde el Gobierno cuenta con mayor apoyo que en la Cámara de Diputados– tendrá la palabra final para admitir un juicio político contra la presidente.
La Corte anuló, asimismo, en diciembre, la comisión especial de mayoría opositora elegida por voto secreto y pidió reiniciar el proceso en una votación abierta.
Cunha, acérrimo adversario de Rousseff, cuestionó esas decisiones, al argumentar que se trataba de una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo. Pero este miércoles los jueces rechazaron sus cuestionamientos y mantuvieron firmes las nuevas reglas.
Esta resolución permite a la Cámara de Diputados proseguir con el trámite e instalar la comisión especial que analizará en primera instancia si existen argumentos para abrir un juicio contra la mandataria izquierdista. El presidente de los Diputados había anticipado que convocaría una nueva elección para conformar la comisión apenas el tribunal se pronunciara.
Luego será el plenario de la Cámara de Diputados el que decidirá si abre un juicio contra la mandataria, algo que deber ser ratificado por el Senado.
El anuncio fue hecho después de que se divulgó una grabación autorizada por la justicia, en la que Dilma Rousseff le dice a Lula da Silva que le envió el documento que lo acredita como nuevo ministro de la Presidencia, para el que lo designó este miércoles, y le aclara que es para ser usado "en caso de necesidad".
En medio de la polémica por el Lava-Jato –por el que la Fiscalía de San Pablo pidió prisión preventiva para el ex presidente–, miles de brasileros se manifestaron de manera espontánea por la polémica designación.
En concreto, los fiscales del petrolão creen que Lula recibió sobornos a través de donaciones irregulares a su fundación política, el Instituto Lula, exorbitantes pagos por conferencias y mediante "regalos" como un departamento tríplex en Guarujá y una casa en Atibaia, estado de San Pablo. La fiscalía del estado de San Pablo ya había pedido su prisión preventiva la semana pasada, pero el lunes el caso fue centralizado en el juzgado federal de Moro, en Curitiba, estado de Paraná.
Reelegida en 2014 al frente del mayor país de Sudamérica, Rousseff es acusada por juristas y opositores de aumentar gastos sin permiso previo del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales.
Por 9 votos contra 2, los jueces de la Corte Suprema rechazaron los recursos presentados por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que cuestionaban las reglas establecidas en diciembre y acabaron trabando el proceso.
El máximo tribunal del país estipuló a fines del año pasado que el Senado –donde el Gobierno cuenta con mayor apoyo que en la Cámara de Diputados– tendrá la palabra final para admitir un juicio político contra la presidente.
La Corte anuló, asimismo, en diciembre, la comisión especial de mayoría opositora elegida por voto secreto y pidió reiniciar el proceso en una votación abierta.
Cunha, acérrimo adversario de Rousseff, cuestionó esas decisiones, al argumentar que se trataba de una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo. Pero este miércoles los jueces rechazaron sus cuestionamientos y mantuvieron firmes las nuevas reglas.
Esta resolución permite a la Cámara de Diputados proseguir con el trámite e instalar la comisión especial que analizará en primera instancia si existen argumentos para abrir un juicio contra la mandataria izquierdista. El presidente de los Diputados había anticipado que convocaría una nueva elección para conformar la comisión apenas el tribunal se pronunciara.
Luego será el plenario de la Cámara de Diputados el que decidirá si abre un juicio contra la mandataria, algo que deber ser ratificado por el Senado.
El anuncio fue hecho después de que se divulgó una grabación autorizada por la justicia, en la que Dilma Rousseff le dice a Lula da Silva que le envió el documento que lo acredita como nuevo ministro de la Presidencia, para el que lo designó este miércoles, y le aclara que es para ser usado "en caso de necesidad".
En medio de la polémica por el Lava-Jato –por el que la Fiscalía de San Pablo pidió prisión preventiva para el ex presidente–, miles de brasileros se manifestaron de manera espontánea por la polémica designación.
En concreto, los fiscales del petrolão creen que Lula recibió sobornos a través de donaciones irregulares a su fundación política, el Instituto Lula, exorbitantes pagos por conferencias y mediante "regalos" como un departamento tríplex en Guarujá y una casa en Atibaia, estado de San Pablo. La fiscalía del estado de San Pablo ya había pedido su prisión preventiva la semana pasada, pero el lunes el caso fue centralizado en el juzgado federal de Moro, en Curitiba, estado de Paraná.
Reelegida en 2014 al frente del mayor país de Sudamérica, Rousseff es acusada por juristas y opositores de aumentar gastos sin permiso previo del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales.
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