NOTICIAS Y VIDEOS /

La nacionalización de YPF fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, pero en el debate se desataron varias polémicas que anticiparon los primeros conflictos que tendrá la petrolera en manos del Estado.

El principal es el reclamo de las provincias sojeras de participar en el reparto de las ganancias que otorgue la empresa, en compensación a la coparticipación en partes iguales de parte del 30 por ciento de las retenciones a la soja que rige desde 2009.

El planteo llegó desde varios opositores que respaldan en general la estatización de YPF, pero advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados cuando haya que hacer números.

Expresiones así tuvieron Luis Juez, del Frente Cívico; y varios radicales como el chaqueño Roy Nikisch. Desde el oficialismo y como representante de una provincia petrolera, la respuesta la dio el chubutense Marcelo Guinle.

“Están confundiendo todo. Estos son recursos que se aportan para una empresa hidrocarburíferas. Los otros (las retenciones) son del Gobierno que decide liberarlos”, aclaró.

Buscó así marcar la cancha desde el lugar en que se plantan y se plantarán las provincias petroleras: el derecho que por Constitución tienen sobre los pozos petroleros, principales fuentes de las ganancias hidrocarburíferas.

La Carta Magna no es igual de generosa con las provincias agroganaderas. Le da potestad al Gobierno sobre la totalidad de los derechos aduaneros, un viejo resguardo sobre lo que fue el principal ingreso del fisco desde el nacimiento del país y volvió a serlo en la última década.

Con el precio de la soja por las nubes y las retenciones en un 30%, las provincias comenzaron a reclamar parte de las ganancias, disputa que tuvo varias etapas y llegó a su nivel más álgido en 2008 con el rechazo de las entidades a las retenciones móviles.

En marzo siguiente, a dos meses de una disputada elección parlamentaria, el Gobierno firmó el decreto 206 que creó el “Fondo Federal Solidario de la Soja” con el 30% de la recaudación por las retenciones de ese grano.

Respaldado por las legislaturas provinciales, establece que “serán destinados a infraestructura en las provincias y cada uno de los municipios de aquellas que adhieran”. Desde algunos monobloques de provincias agrícolas, especulaban ayer con reclamar una distribución igual con los excedentes de YPF. 

Juez elogió esta disposición, pero sostuvo que deberá ser tenido en cuenta cuando se discutan los alcances del artículo 8 de la ley de estatización de la petrolera.

Después de cederle el 49% de las acciones a las provincias, ese artículo señala que “la reglamentación deberá contemplar las condiciones de la cesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo asimismo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas”.

Lejos de querer abrir la participación a las provincias no petroleras, algunos gobernadores de esos distritos, como el neuquino Jorge Sapag, anticiparon que harán valer sus yacimientos para reclamar acciones, como el de Vaca Muerta, que apunta a ser el tercero del mundo en la producción de shale oil.

El chaqueño Nikisch fue más explícito: “Cuando haya ganancias, los chaqueños estaremos en la ventanilla para cobrar”, anticipó.

El debate se dará en el Consejo Federal de Hidrocarburos, creado en el artículo 4 del proyecto, que agrupa a representantes de todas las provincias y también de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.

La pelea no se agota en la devolución de favores. Algunas provincias no petroleras reclaman peso en YPF por albergar la mayoría de las refinadoras.

La primera es Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli anticipó que dará pelea con el argumento de que “el 56% del combustible que se produce en las provincias petroleras”.

La encargada de anunciarla fue la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, de estrecha relación con la presidenta. Reveló que el tema fue conversado con los intendentes de Berisso, Ensenada, Avellaneda y Bahía Blanca, sedes de las principales refinerías.

“No sólo decimos que queremos ser parte, sino que, como hace siempre Scioli, nos haremos cargo y asumiremos nuestras obligaciones”, dijo la ministra.

La discusión es compleja y en su visita al Senado Julio De Vido y Axel Kicillof, interventores de YPF, dejaron varias grietas abiertas. Sostuvieron, por ejemplo, que parte del costo a pagarle a Repsol se determinaría por los pasivos ambientales que dejó.

Y soslayaron el debate por el reparto de ganancias al recordar que faltarán varios años para que YPF otorgue un rédito.

La duda es saber si la refinación será considerada un pasivo ambiental y si los gobernadores habrán valer esas pruebas. En lo que ya es un duelo de territorios, Scioli tuvo apoyo de la oposición, a través del senador nacional del Gen, Jaime Linares, oriundo de Bahía Blanca, importante sede de refinadoras.

“La distribución de las acciones correspondientes a las Provincias deben ser distribuidas en forma equitativa entre todas las Jurisdicciones de nuestro país. Mi provincia, Buenos Aires, todavía no es productora de petróleo, sin embargo sufre el daño ambiental producto de la actividad de destilerías y oleoductos que cruzan nuestro territorio”, reclamó el senador. El debate recién comienza.

Fotos: ON24