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La certificación agrícola sigue siendo percibida como un lujo: no está en la agenda de la mayor parte de los productores
Si bien no se trata del único sistema de certificación aplicado en el campo argentino –también está el programa de Agricultura Certificada de Aapresid, la norma IRAM 14.110 y la ISO 9001, entre otras– todas comparten el hecho de ser aplicadas a una escala pequeña respecto de la superficie total sembrada con soja (que en 2015/16 fue de 20,1 millones de hectáreas).
Tal fue la conclusión a la que llegaron los participantes de un evento sobre “Producción responsable y sustentabilidad en el agro” organizado hoy en la ciudad de Buenos Aires por la ONG holandesa Solidaridad.
La certificación de origen europeo RTRS –que se obtiene por medio de auditorías– requiere verificar el cumplimiento de toda normativa tanto municipal como provincial y nacional que debe cumplir la empresa agropecuaria, además de controlar pautas de seguridad e higiene, buenas prácticas agrícolas y acciones de compromiso con la comunidad, entre otros aspectos.
El proceso involucra a todas las personas relacionadas con la empresa: tanto personal propio como contratado, proveedores y clientes. Por ejemplo: en el caso de un proveedor de insumos, puede evaluarse el cumplimiento de los plazos acordados, los reclamos realizados en el último año y el conocimiento de los productos comercializados, entre otros factores.
El costo total inicial de una certificación RTRS se ubica –por ejemplo– entre 8,0 y 10 u$s/ha para un campo del orden de 1000 hectáreas de la zona pampeana (sin considerar eventuales inversiones en infraestructura que puedan ser necesarias para poder lograr la certificación).
“Los aspectos más importantes de la certificación terminan siendo las mejoras organizacionales que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos cuidando a las personas y el ambiente”, apuntó Esteban Flego de la firma Bayá Casal, empresa que certificó con RTRS un área de 3779 y 1121 hectáreas en Buenos Aires y Chaco respectivamente.
Una vez certificada la empresa, cada tonelada de soja comercializada es equivalente a un crédito RTRS, el cual se comercializa en la plataforma en línea de la Round Table on Responsible Soy Association (responsiblesoy.org). Cada crédito tiene actualmente un valor de entre 2,0 a 3,0 u$s/tonelada.
Los compradores de créditos RTRS son grandes compañías internacionales comprometidas con el programa. En lo que va de 2016 las mayores adquisiciones fueron realizadas por las compañías europeas Cefetra Group, Marks & Spencer, De Heus Voeders, Groan y Centrico BV.
“Las certificaciones de buenas prácticas, que actualmente parecen reservadas para una parte minoritaria de los empresarios agrícolas, en algún momento serán la norma general para poder producir”, indicó Celina Kaseta, responsable del área de sustentabilidad de Syngenta Argentina.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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