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Ambientalistas advierten que la eliminación de retenciones promueve el desmonte

“El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, dando así una clara señal a la sociedad argentina de la importancia que debe tener como política de Estado la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras", manifestaron la FARN, Greenpeace y Fundación Vida Silvestre.
"Entre 2010 y 2015 se otorgaron 1.239 millones de pesos para la conservación de los bosques nativos en vez de los 14.750 millones correspondientes", señalaron las asociaciones mediante un comunicado de prensa.
"La recepción plena de los fondos previstos por la Ley 26.331, por parte de las diferentes jurisdicciones que sancionaron sus leyes de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos es un derecho insoslayable que debe ser cumplido en un esquema Federal", indicaron.
"Con el adecuado financiamiento, las autoridades de aplicación provinciales podrán cumplir con las compensaciones a los titulares de las tierras de bosques nativos que realicen tareas de conservación y uso sustentable, y fomentar la realización de actividades productivas sustentables por parte de los campesinos y comunidades indígenas que habitan los bosques", agregaron.
"Las recientes reducciones y quitas de retenciones al sector agrícola, promoverán una mayor demanda de tierras para los cultivos orientados a la exportación con la consecuente presión sobre los bosques", apuntaron las asociaciones ambientalistas.
"La conservación y uso sustentable de los bosques nativos dependerá de la real capacidad de las jurisdicciones de pugnar por el cumplimiento de las leyes de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Esta capacidad de monitoreo, control y sanción de las infracciones a la Ley debe ser fortalecida con el 30% de los fondos de la Ley de Bosques previstos para tal fin", añadieron.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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