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Por Martín Bidegaray.- El Gobierno quiere que las audiencias públicas por el precio del gas no sean objetadas ni en lo legal ni en lo político. Para eso barajan distintos escenarios sobre la postura que deben adoptar las compañías. El objetivo es que el proceso sea, esta vez, irrefutable. Además, la propuesta de incrementar el 400% –que intentó aplicar– quedaría para 2017. Ahora, el aumento que planea el gobierno es menor para los próximos meses.
 
El ente regulador del gas (Enargas) se reunió ayer con las principales empresas del gas. Allí, les planteó que la audiencia pública, que iba a ser una sola, quizás se bifurque. Se está estudiando la posibilidad de realizar varios encuentros. Cada empresa tendría su propio espacio, en el que discutirá precios y tarifas.
 
El gobierno definirá en septiembre la tarifa de gas que correrá entre octubre y diciembre de este año. Como se trata de solo un trimestre y es de bajo consumo (sube la temperatura), la idea que se conversó ayer fue aplicar un aumento bastante menor al propuesto inicialmente. El incremento del 400% –impulsado desde el 1° de abril– quedaría para una discusión posterior, correspondiente a 2017.
 
Tras las audiencias públicas de septiembre, está prevista una revisión tarifaria integral (RTI) para octubre, que también contempla el mismo mecanismo de consulta. En el Gobierno consideran fundamental lograr un consenso para los encuentros de septiembre, de forma de llegar bien parados a las audiencias de octubre, donde se definirá el tarifario de 2017.
 
Los reclamos de asociaciones de consumidores ya están siendo considerados por el Gobierno. Los técnicos revisarán la convocatoria a audiencias para que no haya ninguna posibilidad de impugnaciones a esos encuentros.
 
El ente regulador del gas, Enargas, repasó ayer con los ejecutivos del sector el temario. También les pidió recomendaciones.
 
Aunque quedan tres semanas para la audiencia, la posibilidad que se examina es que cada segmento del gas tenga su propio foro de discusión. El gobierno tenía pensado llamar a un mecanismo de consulta para distribución y transporte. Tras el fallo de la Corte Suprema, sumó al sector productor de gas (se los llama productores en boca de pozo). En principio, la revisión iba a comprender a los tres segmentos en la misma jornada.
 
El criterio que se está conversando ahora tiene modificaciones. El Gobierno preferiría que cada empresa exponga sus argumentos ante las asociaciones de consumidores. El Poder Ejecutivo solo tomaría nota y actuaría al respecto. Se pretende trasladar la responsabilidad de defensa pública de los aumentos para que la hagan las compañías. Aunque las audiencias no son “vinculantes” (no hay obligación de obedecerlas al pie de la letra), el Gobierno quiere hacer de cuenta como si lo fueran, para alejar cualquier reproche político o reacción judicial posterior.