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Por Silvia Peco .- El próximo lunes 5 de septiembre, los interesados en participar en la licitación para instalar 1.000 megavatios de energía renovable deberán presentar las ofertas. Se trata de la principal iniciativa que impulsa el Gobierno ante la crisis energética y viene suscitando fuerte interés empresario aunque quedan dudas sobre varios aspectos del programa que se puso en marcha bajo el nombre RenovAr.
 
La primera etapa del proyecto, que se cumple con la licitación que se abre en los próximos días, prevé la instalación de 1.000 megavatios, de los cuales 600 serán de energía eólica, 300 de energía solar, 65 de biomasa, 20 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 de biogas.
 
"Según datos de Cammesa, se han vendido más de 60 pliegos", informó ayer la consultora KPGM y estimó que "las ofertas a presentar superarán largamente los 1.000 MW de potencia licitada". Reseñó haber recibido consultas de países europeos como Italia, España, Francia y Alemania que tienen experiencia en energías renovables y están muy interesados en invertir en la Argentina.
 
Pero, en principio, el contexto en que se abrirán las ofertas no es el que el Gobierno esperaba. Hay dudas sobre la posición que adoptará la Corte Suprema en relación al precio mayorista de la energía y si esa decisión obligará al Gobierno a dar marcha atrás con el aumento dispuesto a partir del 1 de febrero en todo el país. En los cálculos iniciales del Ministerio de Energía, el plan era revisar ese precio en forma trimestral tal como se hacía cuando surgía de las previsiones sobre la oferta y la demanda en la década del 90.
 
Sin embargo, ese proyecto se volvió incumplible por la evolución de la inflación -debió haber nuevos incrementos en mayo y en agosto que no se hicieron- y los fallos judiciales que dieron por tierra con los aumentos del gas a residenciales, y amenazan ahora la continuidad del precio de la energía dispuesto en febrero y de las subas en Edenor y Edesur.
 
También es cierto que en contrapartida el programa RenovAr otorga seguridades a los oferentes, porque Cammesa queda obligada a firmar contratos de compra de la energía a 20 años en precios expresados en dólares, con el criterio de que luego podrá vender esa electricidad a los grandes usuarios que están obligados por ley a cubrir sus requerimientos con un 8% de energía renovable a fines de 2017.
 
Si los precios que se convalidan con la licitación terminan alejándose de lo que pagan hoy los grandes usuarios, puede ocurrir que Cammesa deba afrontar el pago de la energía contratada con nuevos subsidios del Estado.
 
Ese beneficio se suma a que los proyectos podrán gozar de exenciones impositivas por u$s1.700 millones entre este año y el próximo. Pero resta saber si todo eso es suficiente para que se concreten las inversiones en las que el Gobierno confía.
 
En un taller realizado en junio por el Instituto Argentino de la Energía, se reveló que también hay un debate abierto sobre quienes defienden la utilización de equipos de la industria nacional y quienes prefieren la instalación de equipamiento importado.
 
En ese debate, también se puso de manifiesto que no queda claro el alcance de la exención de derechos de importación. "No se entiende -dice el resumen- si se supedita a la existencia de producción nacional sólo para la introducción de bienes para la producción de equipamiento destinado a la producción de energía eléctrica o para los proyectos en sí.
 
También plantea interrogantes sobre el plazo para la devolución del IVA y sobre la posibilidad de que las provincias agreguen tributos que modifiquen la ecuación económica original. Con esas incógnitas pendientes, comienza la cuenta regresiva en la primera licitación convocada por el Gobierno.